- Chile:19 de Julio de 2026
Comunidades de Atacama recurren al Primer Tribunal Ambiental para frenar el megaproyecto Copiaport-E
Comunidades de Atacama recurren al Primer Tribunal Ambiental para frenar el megaproyecto Copiaport-E
Las organizaciones sostienen que la decisión del Comité de Ministros de Kast desestimó observaciones ciudadanas y dejó sin respuesta impactos relevantes sobre Bahía Chasco, uno de los ecosistemas costeros más importantes del norte de Chile.
Diario UCHILE
Organizaciones sociales, pescadores artesanales y habitantes de Atacama presentaron este viernes 17 de julio una reclamación ante el
Primer Tribunal Ambiental con el objetivo de revertir la aprobación ambiental del
megaproyecto portuario Copiaport-E, cuestionando la resolución del Comité de Ministros que mantuvo vigente su Resolución de Calificación Ambiental.
Copiaport-E pretende emplazar un puerto industrial en el sector de
Punta Cachos y Bahía Chasco, entre las comunas de Copiapó y Caldera. Con una inversión estimada en US$450 millones, la iniciativa ha sido promovida como una plataforma para la exportación de minerales y otras cargas. Para las comunidades, en cambio, representa la consolidación de un nuevo enclave extractivista sobre un territorio de alto valor ecológico, donde convergen ecosistemas costeros, actividades tradicionales y formas de vida estrechamente vinculadas al mar.
Será la primera vez que un tribunal revise los argumentos de fondo planteados por las comunidades tras
más de seis años de evaluación ambiental, un proceso marcado por observaciones ciudadanas, informes técnicos y reclamaciones administrativas que, según las organizaciones, nunca fueron respondidas de manera suficiente por la autoridad.
Para quienes defienden la Bahía Chasco desde hace años, el caso pondrá a prueba la capacidad de la institucionalidad ambiental para proteger un ecosistema cuyo valor ha sido ampliamente documentado por la ciencia y reconocido por el propio Estado.
Foto de Carolina Medrazo.
Las razones de la reclamación
La acción judicial sostiene que la resolución del Comité de Ministros
vulneró el derecho de participación ciudadana al rechazar las observaciones presentadas durante la evaluación ambiental sin un análisis adecuado de sus fundamentos.
Valentina Gatica, abogada del equipo de apoyo jurídico del
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), que acompaña a las comunidades en esta reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental, explicó que la controversia no dice relación únicamente con el resultado de la evaluación ambiental, sino también con la forma en que la autoridad resolvió las reclamaciones ciudadanas.
“Los fundamentos jurídicos de la reclamación se refieren, de manera principal, aunque no exclusiva, a la falta de consideración de las observaciones ciudadanas presentadas oportunamente.
Esto se ha traducido en una deficiente ponderación de las preocupaciones de la comunidad frente a este megaproyecto“.
Entre los argumentos jurídicos se cuestiona el rechazo conjunto de observaciones ciudadanas sin abordar sus fundamentos específicos, la aplicación de criterios de congruencia que -según las reclamantes- no se ajustan a la jurisprudencia vigente y la omisión de pronunciamiento respecto de algunas reclamaciones ingresadas durante la evaluación.
El Tribunal Ambiental deberá revisar además si la autoridad aplicó correctamente los estándares legales al responder las observaciones formuladas por la ciudadanía. Entre las materias que serán discutidas se encuentran los impactos sobre la flora y fauna marina, la protección del patrimonio arqueológico, la ausencia de una consulta indígena integral, las consecuencias para la pesca artesanal y la afectación del paisaje costero.
Lo que está en juego
Bahía Chasco alberga
la pradera de pastos marinos más extensa conocida en Chile y el último sitio de agregación natural de tortuga verde (
Chelonia mydas) registrado en el territorio continental. A ello se suman extensas praderas de algas pardas, aves marinas protegidas y un ecosistema que sustenta la reproducción y alimentación de numerosas especies marinas.
Para
Carol Medrano, directora de Qarapara -organización dedicada a la investigación y conservación de las tortugas marinas en Chile-, el principal riesgo consiste en intervenir un ecosistema cuya fortaleza depende precisamente de la interacción entre todos sus componentes.
“Bahía Chasco alberga el último sitio de agregación natural de tortuga verde del Chile continental y la pradera de pastos marinos más extensa del país, un ecosistema del que depende no solo esta especie, sino también una amplia red de vida marina.
No es posible analizar cada componente por separado, porque todo forma parte de un mismo sistema ecológico. Si ese equilibrio se altera con un megaproyecto portuario, no tenemos certeza de que esta población de tortugas pueda mantenerse en el tiempo”.
Foto de Nicolás Flores.
La importancia ecológica de Bahía Chasco ha sido documentada durante años por investigaciones científicas y reconocida mediante distintas iniciativas públicas de conservación. Sin embargo, para las organizaciones reclamantes, ese conocimiento no tuvo un correlato suficiente durante la evaluación ambiental del proyecto.
Medrano sostuvo que el caso evidencia una tensión permanente entre los compromisos ambientales asumidos por Chile y las decisiones que finalmente adopta el Estado.
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Chile cuenta con una legislación ambiental importante y ha asumido compromisos internacionales para proteger las tortugas marinas y sus hábitats. Sin embargo, cuando llega el momento de tomar decisiones, muchas veces esa protección queda solo en el papel. Este caso refleja una tensión permanente entre la conservación de ecosistemas únicos y la aprobación de proyectos industriales bajo la promesa de desarrollo económico, sin que las comunidades ni la biodiversidad sean realmente la prioridad”.
Un conflicto con historia
Durante las últimas dos décadas el mismo borde costero enfrentó iniciativas como la termoeléctrica Castilla y posteriormente el terminal de gas natural licuado Andes LNG. Aunque respondían a objetivos distintos, ambas fueron cuestionadas por su emplazamiento sobre un territorio considerado estratégico para la conservación de la biodiversidad.
Para el investigador Eduardo Herrera, integrante del
Colectivo en Defensa del Medio Ambiente de Atacama (CODEMAA), la defensa de Bahía Chasco ha evolucionado junto con los proyectos que han intentado instalarse en el territorio.
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La defensa de la bahía no comenzó con Copiaport-E. Las comunidades llevan años enfrentando proyectos que vuelven una y otra vez a poner tensión el mismo territorio. Cada proceso ha dejado aprendizajes, redes de colaboración y un mayor conocimiento sobre cómo funciona la institucionalidad ambiental”.
Con el paso del tiempo, la movilización social incorporó nuevas herramientas. A las marchas y campañas ciudadanas se sumaron la revisión de estudios de impacto ambiental, el trabajo con científicos y especialistas, la elaboración de observaciones técnicas y el uso creciente de acciones judiciales para impugnar decisiones administrativas.
Herrera afirmó que ese aprendizaje se refleja en la reclamación que ahora conocerá el Primer Tribunal Ambiental. “Hoy existe más experiencia, más información científica y un mayor conocimiento de los procedimientos administrativos y judiciales. Pero la preocupación sigue siendo la misma:
evitar que uno de los ecosistemas costeros más importantes de Atacama sea transformado por infraestructura industrial“.
Una discusión sobre el modelo de desarrollo
Para Giuliano López, integrante de CODEMAA, la reclamación contra Copiaport-E no puede analizarse únicamente desde la perspectiva de un proyecto portuario. A su juicio, el caso refleja una forma de planificación que durante años ha privilegiado la instalación de grandes inversiones sobre un territorio cuyo valor ecológico ha sido reconocido por el propio Estado.
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Desde la época de Castilla existe una lógica de sacrificar esta parte de Atacama para proyectos industriales. Cambian las empresas, cambian los proyectos, pero la idea de fondo sigue siendo la misma”.
López sostuvo que la principal contradicción radica en que distintas instituciones públicas han impulsado investigaciones y programas destinados a proteger Bahía Chasco, mientras que, al mismo tiempo, la institucionalidad ambiental continúa autorizando proyectos que las comunidades consideran incompatibles con ese patrimonio natural.
“El propio Estado definió esta zona como un área de relevancia ecológica. Promovió estudios, apoyó el manejo sustentable de las praderas de algas y reconoció el valor ambiental de este ecosistema. Sin embargo, cuando llega el momento de decidir sobre grandes inversiones, actúa como si todo ese conocimiento no existiera”.
A juicio del dirigente, el problema trasciende Copiaport-E y revela una ausencia de planificación territorial que obliga a las comunidades a enfrentar sucesivamente proyectos de gran escala sobre un mismo espacio.
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Seguimos evaluando proyectos uno por uno, sin preguntarnos qué territorios deberían quedar protegidos antes de que lleguen nuevos megaproyectos. El Estado termina obligando a las comunidades a demostrar una y otra vez por qué un ecosistema no debería intervenirse, cuando esa discusión debería estar resuelta mediante una planificación ambiental seria”.
El futuro de Bahía Chasco
Para las organizaciones reclamantes, el conflicto vuelve a poner en discusión la forma en que Chile decide el destino de ecosistemas estratégicos y el peso que realmente tienen la evidencia científica, la participación ciudadana y los compromisos internacionales de conservación cuando se enfrentan a proyectos de gran escala.
La decisión del tribunal será observada por comunidades y organizaciones que enfrentan conflictos similares en distintos territorios del país. Su resolución podría marcar un precedente sobre los estándares con que deben evaluarse los megaproyectos y sobre el alcance efectivo de la participación ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Foto Medrazo.
Para
el director de OLCA, Lucio Cuenca, la disputa por este ecosistema de alto valor ecológico expresa un conflicto que hoy atraviesa numerosos territorios del país, que es quién decide el destino de los bienes comunes y al servicio de qué intereses.
La revisión judicial de Copiaport-E coincide con un nuevo escenario político.
Si bien el proyecto obtuvo su aprobación ambiental durante la administración anterior, fue el actual gobierno el que lo ratificó mediante el Comité de Ministros. El litigio se desarrollará en paralelo a la agenda impulsada por el gobierno de José Antonio Kast para acelerar la ejecución de grandes inversiones y reducir las exigencias regulatorias, en un escenario donde persisten los cuestionamientos sobre la transparencia de la estructura de propiedad y el origen financiero del proyecto, documentados por OLCA.
“Las comunidades defienden ecosistemas estratégicos para la vida y la adaptación a la crisis climática. Sin embargo, el Estado continúa facilitando la expansión de un modelo extractivista que concentra los beneficios en grandes intereses económicos y traslada los costos ambientales y sociales a los territorios.
Este juicio será una señal sobre el tipo de institucionalidad ambiental que Chile quiere construir“, afirmó Lucio Cuenca.
Más allá del resultado judicial, las organizaciones sostienen que este conflicto excede la construcción de un puerto. Lo que está en disputa es el futuro del borde costero de Atacama y la continuidad de un modelo de desarrollo que ha promovido la instalación de infraestructura industrial sobre territorios de alto valor ambiental.
En ese escenario, la defensa de Bahía Chasco y Punta Cachos se convierte también en una defensa del derecho de las comunidades a participar de manera efectiva en las decisiones que afectan sus territorios y de la necesidad de fortalecer una institucionalidad ambiental que resguarde el interés público por sobre la presión de grandes inversiones.
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Más información:
- ¿Quiénes están detrás del megaproyecto extractivista Copiaport-E?, OLCA, 20 de Febrero de 2026
- La trama detrás de Copiaport-E: paraísos fiscales y vacíos regulatorios en Chile, OLCA, 23 de Febrero de 2026
Fuente:
https://radio.uchile.cl/2026/07/19/comunidades-de-atacama-recurren-al-primer-tribunal-ambiental-para-frenar-el-megaproyecto-copiaport-e/172
